Rosario, Miércoles 13 Diciembre 2017
Lunes, 04 Diciembre 2017

Silencio

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Tragedia en el mar. La ausencia de funcionarios del gobierno para explicar qué pasó con el submarino es sorprendente. Recién 15 días después de la desaparición, enviaron al incompetente ministro de Defensa.

El secretario de la Presidencia no paraba de atender los llamados telefónicos. Unos apoyaban la idea de seguir con la agenda. La mayoría, se inclinaba por suspenderla. Ya habían pasado más de 12 horas luego del comunicado oficial del capitán Balbi, el hombre de la Armada encargado de responder por todo el Estado nacional sobre el destino del submarino ARA "San Juan". Su lenguaje abstruso, pretendidamente técnico, fue la mejor metáfora para representar a un gobierno descolocado por la tragedia y poco afecto a seguir el sentido común de los sentimientos en cambio de sostenerse en las encuestas sobre los ánimos de la sociedad. Impactaba ver en los pasillos de la Casa Rosada la duda sobre qué hacer con el día a día gubernamental frente a la conmoción de lo extraordinario.

La ausencia de los funcionarios de Estado en el escenario público y en el privado, con competencia y jerarquía elegidos al efecto o designados por los electos con cargos de relevancia, es inexplicable. El poder, al menos en la Argentina, se siente divino. Se presume creador de realidad y, con sólo negarla, capaz de hacer desaparecer lo que es evidente. Los Kirchner se escondieron en el silencio y en Santa Cruz con Cromañón. Se encerraron con la tragedia de Once. Mauricio Macri también copió la receta aunque el origen de los desastres sean incomparable. Aquí se está hablando de la reacción frente al hecho consumado.

Después de 15 días de haberse dado a conocer la falta de comunicación con el submarino, apenas se atinó a enviar a su incompetente ministro de Defensa a poner la cara con los familiares destrozados por el dolor. Alguna vez tomaremos nota del dislate comunicacional del tema. Comunicación que es mucho más profunda que el mero brindar información. Es consagrar la convicción de que los funcionarios públicos tienen obligación de dar cuenta de sus actos. Nadie aquí se sintió compelido por esa obligación.

Manejar un Estado es bien distinto a conducir una compañía privada. Aquí alcanza con brindar explicaciones a la asamblea de accionistas que podrán preguntar, invertir, vender o fusionar sus intereses. La gestión pública es apenas un inquilinato transitorio del poder que obliga a rendir cuentas por el cargo temporalmente concedido.

Enrique Balbi es un marplatense respetado por sus colegas y subalternos que se preparó para el cargo que hoy ostenta. Hijo de otro integrante de la Armada, con experiencia en submarinos se graduó en comunicación y manejo de catástrofes como la que tiene que relatar. Pero es un mero dependiente, con jerarquía, pero empleado de una de las fuerzas del Estado. El alambique verbal que se utilizó para decir que los 44 argentinos habían fallecido fue criticado por él mismo, cuentan fuentes indudables, cuando se le acercó el comunicado que leyó con respiración entrecortada.

Los escribas de la Armada corrigieron a los telefonazos con el gobierno central todo adjetivo que luciese como aceptación tácita de alguna responsabilidad. Igual pasó con el mensaje que se asegura llegó a grabar el presidente pero que luego por consejo del equipo de comunicación no fue emitido. Tremendo esfuerzo por las formas y las apariciones públicas si se lo compara con la ausencia de palabras y presencias de quien maneja la defensa nacional.

¿Puede tomarse nota que un anuncio semejante se hizo sin siquiera la presencia del responsable máximo del Ministerio de Defensa ni el titular del arma? "Es como si se para anunciar los aumentos de tarifas Aranguren mandase a su vocero, un periodista macanudo que cobra un sueldo modesto a fin de mes", graficó un ministro del Poder Ejecutivo que pidió reserva de su molestia por el procedimiento. "Si para aumentar la luz está el ministro, imagínate para esto", concluyó el hombre de confianza de Macri.

Está claro que si se Oscar Aguad ponía la cara para mostrar que el gobierno estaba allí no hubiese conseguido reflotar al submarino. Pero incluso para las tragedias se exige la valentía de asumir la responsabilidad de un cargo que le concede privilegios nunca cuestionados. Oscar Aguad no sólo no tuvo idea de que esto podía ocurrir, no conoció la noticia hasta mucho más tarde, careció de la menor reacción técnica y se escondió del dolor de los familiares. Dicen los que frecuentan los reuniones convocadas por la emergencia que su desorientación es pasmosa.

Como aquí mismo se dijo, la tragedia (no el accidente) del "San Juan" suponía una tarea urgente y otra importante. La primera fue descartada el jueves. Ya no se buscan con vida a los 44 marinos. Lo importante es ahora hallar la nave para entender qué ocurrió y cómo evitar que se repita. Corresponde acompañar el dolor de las familias y analizar qué pasó.

Por lo primero, ante un hecho extraordinario, no se tomó ni una sola medida extraordinaria. Otra vez el Ministerio de Defensa patinó en su niebla de incompetencia. Los familiares penaron por encontrar depositados los sueldos de los marinos con tarjetas de débito que los bancos inhabilitaron con premura y corroboraron que por cada día de inmersión sus esposos, padres o amigos cobraron menos de doscientos cincuenta pesos. Les habían prometido seiscientos, pero se los redujeron al valor de un par de kilos de carne. Otra vez un detalle que pinta el cuadro general: un submarinista cobra doscientos cincuenta pesos por día como plus para que arriesgue su vida invocando la bandera nacional.

Hasta el momento en que esto se escribe, la posibilidad de una ayuda inmediata y urgente es sólo un proyecto. La burocracia y la insensibilidad detienen pensar con sentido común ante un testimonio que asegura que era común tapar las emanaciones de hidrógeno en el submarino con guata (ese relleno que se ve en camperas de invierno) comprada en ferreterías locales.

La magistrada que investiga la causa tiene a su cargo un juzgado de competencia universal que atiende desde la tenencia de un porro, el contrabando en un puerto nacional o el hundimiento del submarino. Se ve que la asociación de jueces que emite comunicados encendidos cuando se cuestiona su actuación en casos de corrupción no pudo ocuparse de esta jueza. Marta Lleral, de ella se trata, falla mirando media Patagonia de superficie y con 18 empleados desde ordenanzas a sumariantes. El día de la mala noticia, intimó a la Armada a que deje de darle información a ciertos medios de prensa antes que al juzgado bajo apercibimiento de sancionarlo si se no conserva las pruebas con pena de prisión.

La abogada se dio rápidamente cuenta que el operativo comunicaciones para lavar responsabilidades es, en muchos casos, más prioritario que entender lo ocurrido. Otro signo de patetismo público que se ocupa de esquivar la responsabilidad de prevenir un desastre, acompañar a sus víctimas cuando se produce y asumir con agallas la función ante el desastre. Queda otra opción, claro: dejar el lugar a otro que sepa.

Luis Novaresio

Periodista en C5N, Radio 10 y Radio Dos. Columnista del diario El Ciudadano de Rosario.

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