Rosario, Viernes 19 Octubre 2018
Lunes, 11 Diciembre 2017

Poder y ser

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Lo que importa hoy es discutir si es legal, razonable y jurídico poner presos a los imputados de encubrir a los autores de la voladura de la Amia. En el gobierno se sabía que iba a procesar a Cristina Fernández

En el gobierno nacional aseguran que no salen del asombro. Los que abren la puerta del despacho presidencial de manera frecuente no pueden negar que sabían que el juez Claudio Bonadio iba a repetir su decisión de procesar a Cristina Fernández pero algunos afirman que no se imaginaban semejante tenor de resolución. Un secretario de Estado le advirtió en reserva a este cronista que el magistrado ya tenía la jubilación acordada y que no pensaba irse sin "todos los fuegos artificiales". Hermoso termómetro de la independencia judicial.

Es llamativo el silencio oficial. Ni el siempre mesurado y formado en lo jurídico Germán Garavano emitió opinión sobre este fallo. El coordinador de Gabinete Marcos Peña eligió Facebook, su canal periodístico preferido que no incomoda con repreguntas o disensos, para decir lo obvio: el Poder Ejecutivo respeta la separación de poderes y es hora de aplicar la ley de para todos por igual. Nada.

Ni bien se conoció el auto de prisión preventiva contra los acusados de haber intentado encubrir a los autores de la voladura de la mutual Amia, se comenzó a especular con qué hacer ante el pedido de desafuero. El Senado de la Nación ya terminó sus sesiones. Mauricio Macri podía habilitar las extraordinarias proponiendo, como sólo el presidente puede hacerlo, tratar el pedido de Bonadio. "Si se lo hace, lo van a acusar de perseguirla. Si no, de sostenerla libre para que siga la grieta", aseguró el mismo hombre de gobierno que se dice estupefacto por la decisión. El presidente optó por evitar el tema.

El lunes pasado empezó a circular el rumor de la decisión judicial. Algunos, en Comodoro Py, aseguran sin poder probarlo que el juez tenía resuelto el tema desde hacía 15 días pero que midió el ambiente público con la tragedia del ARA "San Juan". "¿Alguien tiene alguna duda de que los jueces fallan teniendo siempre encendidos los monitores de los canales de noticias, al menos, sin sonido?", suele graficar un fiscal con más de 30 años de tarea forense. Más del mismo termómetro que espantaría a Montesquieu.

La resolución de más 350 fojas aborda dos cuestiones esenciales. El fondo, si se hay sospecha fundada o no de la comisión de delitos y, el marco procedimental (nada de forma) si hay que detener a los procesados para asegurar la investigación. Discutir ahora el primero de los tópicos es un error. O una estrategia de mala leche para desviarse del tema central. Escribí en este mismo diario hace mucho tiempo que el Memorandum de Entendimiento con Irán es un mamarracho inadmisible pergeñado a medida de las autoridades de entonces de Irán para liberar a los que perpetraron la muerte de 85 argentinos. En su hora, con un proceso que esperemos no sea el impulso de un clima político, se dirimirá si hubo delito al firmarlo, si el invento de una comisión por encima del juez es prorrogar la jurisdicción propia de traidores a la patria (esto es el delito: no ser malo y dañino con el sentimiento expresado en la escarapela). En su momento. No, ahora.

Lo que importa hoy discutir es si es legal, razonable y jurídico poner presos a los imputados de esta causa por temor a que se fuguen o que molesten en el proceso entorpeciéndolo. Porque este es el tema de hoy. No si Cristina le dio la plata a José López con los que llenó los bolsos del convento, si Lázaro Báez (a la hora de escribir esto por brindar una entrevista periodística) es Néstor o si Cristóbal López es la familia K. Eso es otro tema. Salvo que se pretenda sacrificar el debido proceso para hacer una especie de justicia popular sumarísima basada en reales sospechas de corrupción pero sin el trámite republicano de un juicio como Dios manda. Es una opción. Ya usada en la historia antes del ojo por ojo, pero opción al fin. El slogan es "yo la quiero ver presa, no me importa cómo".

Es impactante el nivel de discusión que se ha impuesto a este tema. En realidad, a casi todo lo que rodea a la política. Osar proponer la discusión de si está bien detener preventivamente en este caluroso diciembre es rápidamente ser considerado cómplice de 12 años de gobierno o un piquetero encapuchado y con palos. A la inversa, defender con argumentos el caso es emparentarte con Jorge Videla o, cómo no, ser descendiente de Onganía.

El periodismo en particular y la política toda en general debería darse un espacio para detener esa anomia intelectual para volver a respetar el razonamiento y, sobre todo, el pensamiento diverso. Para muchos es más cómodo separar en celestiales e infernales. No hay más que colgarles el cartel de propios o demoníacos y evitar escucharlo. Eso es propio de los iracundos o de los inescrupulosos. Cronistas y gobernantes deberían repudiar quedar en esas dos categorías malsanas.

La pregunta que se impone ante el caso Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D Elia, Jose Khalil, Fernando Esteche y Carlos Zannini es cuándo va preso alguien en la Argentina ante la imputación o procesamiento penal. Se reitera para darle dimensión esencial: ¿cuándo puede quedar preso alguien, vos mismo, en nuestro país? Las respuestas parecen algunas pocas: cuando hay sentencia firme, cuando el imputado se quiere fugar o entorpece la causa o cuando se le ocurre al juez según el caso.

Lo primero era lo tradicional. Nuestra anterior legislación federal era casi una ecuación matemática. A penas graves que implican potencialmente prisión, adentro. Si no, en libertad. Era un criterio básico y como tal, rudimentario. Pero era previsible. El paso del tiempo dejó librado la interpretación al temor a la fuga o entorpecimiento a los jueces. El mismo ministro Garavano recorrió esta semana algunos despachos senatoriales para pedir por un proyecto de reforma en el tema que duerme hace 3 años en los despachos legislativos.

No hay dudas de que un juez aplica la ley desde su subjetividad. Nadie pretende magistrados aislados en burbujas de bibliotecas y ágoras filosóficas debatiendo sobre el bien y el mal sin tomar el subte o mirar la tele. Pero de ahí a considerar que los humores sociales, los prejuicios personales o el chiquitaje de poder de turno deben torcer la balanza hoy hacia aquí, ayer hacia el lado contrario y mañana Dios sabe, es mucho.

El apartado firmado por el juez Claudio Bonadio sobre la libertad de los procesados ocupa 4 o 5 páginas. Decide mandar a detener o desaforar a sus investigados basado en que tienen medios económicos para poder fugarse, han ejercido el poder y pueden tener aún lazos que puedan entorpecer, pueden quedar presos si se los condena, puede verse a alguno de ellos como reincidentes según sus antecedentes y pueden amenazar testigos o destruir pruebas. El verbo poder se impone al concreto hacer o ser.

Ahí reside la discusión. Entre los que miren el aquí y ahora de la prisión (no el ayer de la corrupción y el mañana de un juicio que lo demuestre y lo castigue con todas las de la ley) desde el puede ser de los ánimos o el debe ser y es del debido proceso. Nada menos.

Luis Novaresio

Periodista en C5N, Radio 10 y Radio Dos. Columnista del diario El Ciudadano de Rosario.

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