Rosario, Martes 18 Diciembre 2018
Lunes, 19 Febrero 2018

Ni inflación, ni off shores, ni policías que corren a delincuentes

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Escenario. La transparencia institucional pregonada por el gobierno sufrió severos traspiés con Triaca, Caputo y Díaz Gilligan. El caso Chocobar amerita una profunda discusión.

Si los dirigentes argentinos siguen obsesionados por no mirar otra cosa que su literatura preferida, habrán percibido todos que la situación económica, la inseguridad y el reclamo de transparencia se mantienen a la cabeza de las encuestas de opinión del país. Los sondeos son el padrenuestro de casi todos los que toman decisiones. Se ve que no aciertan a resolver lo que se pregunta a sus gobernados porque ahí están los mismos problemas.

Sobre economía ya se ha escrito mucho en esta columna. El último índice de inflación mensual completó un 25 por ciento del último año. Bien lejos de todo pronóstico realizado por el macrismo, bien complicado para el bolsillo del ciudadano medio que sabe que toda variación del costo de vida, del dólar o de lo que el mundo haga subir, golpea en su calidad de vida.

Otro de los pilares que el actual gobierno esgrimió para hacer campaña fue la transparencia institucional y el combate a la corrupción y la mentira. En los últimos meses, Mauricio Macri vio cuestionada su promesa con episodios como el de Jorge Triaca, el de su ministro de Finanzas Caputo (¿puede entenderse que no haya pronunciado una sola palabra pública al respecto de sociedades off shore que se le imputan?) y, hace horas, del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, denunciado por omitir una cuenta sospechada de corrupción de alto vuelo con más de un millón de dólares a su nombre.

El presidente acaba de decir en Mar del Plata que su funcionario deberá explicar la situación. ¿En el mientras tanto? Nada. Ni la palabra del denunciado ni la valoración propia y personal del gobierno. Será la oficina anti corrupción de Laura Alonso la que investigue. A esta altura de los acontecimientos, y sin discutir la trayectoria de la militante del PRO que nació de organizaciones como Poder Ciudadano, cabe preguntarse: ¿Puede una afiliada al partido de gobierno, en un cargo que depende de la cabeza del gobierno, garantizar a priori la independencia de investigación sobre un funcionario de ese mismo gobierno? La respuesta es obvia. ¿Puede defenderse un funcionario de tal rango por haber omitido declarar estas cuentas en el exterior antes de asumir? La no negación ipso facto de los hechos ("yo no tengo ni tuve ninguna cuenta", podría ser un modo de mostrar la verdad), ¿concede verosimilitud de lo que se dice? También esto se responde con la misma obviedad.

La inseguridad y Chocobar

La seguridad es un tema de prevención. No de represión. Ya está pacíficamente aceptado que el código penal no es la herramienta primera para evitar el delito. Sin embargo, producido un hecho en contra de la ley, es interesante ver la respuesta que da el Estado y cómo se para frente a esto la ciudadanía.

Podría parecer que el caso del policía Luis Chocobar es un tema meramente porteño. Y no. El presidente de la Nación opinó diciendo que en todo el país pasan cosas semejantes. En eso, Macri tiene razón. Y también en recibir a un subalterno. Eso no es interferir en otro poder. Sí, su ministra llamando al juez. Bien distinto.

Si hay un debate para dar, apartado de la ideologización fanática, es preguntarse qué debe hacer un policía que toma in fraganti a un delincuente, quiere detenerlo y, a pesar de la voz de alto, escapa armado entre la gente. Eso es el caso Chocobar. Omitamos juzgar desde los medios a un policía porteño con circunstancias del caso que deben ser vistas por el juez. Pero la pregunta respecto de qué quieren el Estado y sus ciudadanos respecto de un policía que se encuentra ante ese caso, merece la discusión. ¿Qué pasa en Islandia, en Noruega, en Francia o en Cuba si un delincuente flagrante se escapa de la policía?

Vale también la pena leer el fallo de Cámara que manda procesar al policía por homicidio agravado con uso de arma de fuego por el exceso en el cumplimiento del deber. Hay que leer las 16 fojas firmadas por los jueces Lucini, Palazzo y Argerich para entender qué creen estos magistrados y qué argumentos para pensar el tema podrían darse.

"Jorge Miguel Pereira Rojas y Pablo Kukoc habrían interceptado a Frank Joseph Wolek para sustraerle su cámara fotográfica y, ante su resistencia, lo apuñalaron en zonas vitales, particularmente en el ventrículo izquierdo y aurícula derecha de su corazón y en ambos pulmones. Seguidamente escaparon", comienzan diciendo los 3 jueces de acuerdo a lo que probaron hasta ahora. Cuentan además que tres transeúntes "escucharon un grito de auxilio, viendo cómo aquéllos corrían llevando una cámara de fotos. Inmediatamente repararon en que la aparente víctima intentaba correrlos y solicitaba ayuda. Dos notaron que de su pecho emanaba abundante sangre y el restante sólo un corte en el rostro. Decidieron perseguirlos, dos en moto y el tercero a pie. Se originó un forcejeo cuando intentaron recuperar el objeto sustraído y el imputado, reiteradamente, habría pretendido extraer un elemento con capacidad ofensiva. En ese instante llegó el oficial Chocobar". ¿Se entiende el cuadro? Dos delincuentes apuñalan (10 veces) en el corazón y pulmones a un turista. Tres ciudadanos los corren para recuperar lo robado. Entonces, llega el Estado representado por Chocobar.

Según el propio relato de los jueces, no el periodismo ni la familia, el policía "dio la voz de alto, pese a lo cual el delincuente Kukoc reinició la huida. Ante esa actitud efectuó tres disparos intimidatorios hacia arriba, pero cuando vio que no acató la orden y continuó la carrera por la calle Suárez realizó otros cuatro; dos impactaron en el cuerpo de Kukoc, provocando que cayera al suelo. Cuatro días después murió cuando estaba internado en el Hospital Argerich". Ahora hay algo vital para tener en cuenta que dicen los camaristas: "Estos episodios transcurrieron, según las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, en un lapso que no supera los tres minutos". Tres minutos, se resalta.

Los jueces le reconocen en el fallo la obligación policial de haber intervenido. Estuvo bien que quisiera detenerlos. Firman en la sentencia que el policía "inicialmente tomó las precauciones que el caso ameritaba: dio a conocer su condición de funcionario policial; le ordenó que se arrojara al suelo y; cuando realizó las primeras detonaciones, dio clara advertencia de su intención de emplear el arma reglamentaria con tiempo suficiente para que Kukoc considerara esta circunstancia. Sin embargo, posteriormente la accionó contra Kukoc para detenerlo. Aparentemente cuatro veces y sin que surja, al menos de momento del legajo, agresión armada en su contra que explique la necesidad racional de hacerlo. No hubo entonces aparente proporcionalidad en su respuesta, máxime cuando el peligro al que habían estado expuestos los testigos había cesado".

Se me hace imprescindible, aparte de encomillar los textuales de la sentencia, hacer preguntas que indico entre paréntesis. El fallo asegura que "sólo permanecía vigente (ante los delincuentes que huían con la misma arma cuasi homicida) el peligro que potencialmente representaba para otros transeúntes, frente al cual pudo adoptar medidas menos lesivas a la que escogió (en tres minutos, con una víctima sangrando y desconociendo la vos de alto los delincuentes, ¿debió escoger de manera más sofisticada?). Sigue el fallo: "Pudo reiterar los disparos intimidatorios, continuar con la persecución (corra más rápido, Chocobar) o esperar la colaboración de fuerzas de seguridad que ya habían sido informadas de las novedades a través del Servicio de Emergencia 911" (¿sentarse a esperar a otro patrullero?).

La pregunta inicial (y es pregunta) vuelve a aparecer: ¿qué debe hacer un policía si ve a un delincuente con ánimo de matar, acuchillando a un ciudadano por la calle, y escapando de la ley advertida por el uniformado? Los jueces asegurar que correr más rápido, tirar al aire o confiar en que sus colegas policías lleguen rápido a asistirlo. Disparar a las piernas (los jueces y las pericias reconocen que Chocobar no quiso matar diciendo que "el dolo homicida a nuestro entender está despejado por la oportunidad y la forma en que disparó") con la no querida consecuencia de la muerte de quien sí quiso matar al turista, sin la menor duda, para robarle.

Vale la pena discutir todo esto. Hay que pensarlo en base a los hechos y no al delirio de laboratorio. Y plantear, con el mayor de los respetos como inquietud, si no es excesivo pedirle a un policía tanto y a quien desprecia la ley y la vida del prójimo, nada.

Luis Novaresio

Periodista en C5N, Radio 10 y Radio Dos. Columnista del diario El Ciudadano de Rosario.

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